Políticas públicas y prevención del delito : un estudio de caso de la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad Local de Rosario durante los años 2020-2022

La Seguridad Pública representa una de las mayores preocupaciones en la población de nuestro país. En este sentido, a excepción de períodos de crisis económica, la cuestión de la seguridad frecuentemente se encuentra en primer lugar entre las inquietudes de las y los argentinos en las encuestas de opinión. Por caso, la Provincia de Santa Fe, y en específico la ciudad de Rosario, se posicionan como los distritos con mayores índices de sentimiento de inseguridad y de comisión delictiva, sobre todo tras el primer pico de indicadores relacionados a los homicidios y la violencia altamente lesiva en el año 2014. Por otro lado, se debe resaltar que -desde comienzos del siglo XXI- en la Argentina comenzó a consolidarse un fenómeno denominado municipalización de las demandas. En este aspecto, los gobiernos locales fueron convirtiéndose en receptores constantes de requerimientos por parte de la sociedad, y en respuesta a ello, han debido incrementar su ámbito de actuación, muchas veces sin tener las capacidades de gestión ni los recursos necesarios para tales fines. Por supuesto, la cuestión securitaria no ha sido la excepción y hemos sido testigos de numerosas políticas locales que intentan hacer frente a la creciente demanda de la sociedad. La seguridad se ha convertido en uno de los reclamos más fuertes y continuados que la población realiza a sus gobiernos locales pero sin que estos cuenten con las facultades, las competencias, los recursos, la capacidad de gestión y, por consiguiente, una burocracia profesionalizada necesaria para intervenir decididamente. En este sentido, las autoridades locales han recurrido frecuentemente a una suerte de respuesta exculpatoria, en la que pretenden desligarse de las demandas sociales aduciendo cuestiones normativas y falta de coordinación con otros niveles del Estado, con el fin de trasladar la demanda y la responsabilidad a estos últimos. Es por ello que, la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad Local supone una política pública que busca reunir tanto al gobierno provincial -representado en el Ministerio de Seguridad- como a los diferentes gobiernos locales con el fin de colaborar y coordinar los esfuerzos que se hacen en la materia, como así también poder aunar criterios en el marco de estrategias generales que reduzcan la comisión de delitos y la utilización de la violencia. En este sentido, la Mesa intentó erigirse como un dispositivo que permita una suerte de co-gestión de la seguridad pública y de la institución policial entre la Provincia y los gobiernos de los grandes centros urbanos.