En Argentina, la Ley 23696 de Reforma del Estado (1989) dio lugar mediante la liberalización de mercados, la incorporación de capitales privados y la descentralización de funciones en favor de las provincias, a una profunda transformación del conjunto de las infraestructuras y servicios que estaban hasta entonces, bajo el manejo casi exclusivo del Estado. A más de tres décadas de la reforma que implicó un “cambio de época”, se ha vuelto atrás en la estatización de muchas prestaciones, cancelación de concesiones o reformas al esquema regulatorio en general. Este proceso se revisó en distintas etapas; un primer corte fue hacia fines de los 90, tras los cambios implementados; un segundo tiempo se produce con la crisis del 2001 y la renegociación-cancelación de numerosos contratos, cumplida la primera década de este siglo. Revisar y analizar hoy los impactos desde una perspectiva amplia y mirada crítica permite particularizar en el territorio: logros sociales, inconsistencias, efectos no deseados y expectativas; el objetivo es proponer lineamientos de política sustentados en los hechos