Desde los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y la crisis financiera de 2008,
la categoría excepción ha adquirido un estatuto principal en la configuración del
derecho y la política mundial, puesto que pareciera que las sociedades viven en
permanente estado de necesidad y urgencia. En paralelo, esta condición ha sido
esgrimida por gobiernos e instituciones internacionales para impulsar y dictar un
conjunto de políticas que restringen de manera considerable el contenido de los
derechos y libertades individuales y, al mismo tiempo, reducen al mínimo el aspecto
democrático en los procesos de tomas de decisiones. El presente artículo explora la
determinación del estado de excepción en el contexto geopolítico global y se
concentra en una de sus manifestaciones, cual es el derecho penal. En este campo, el
terrorismo ha constituido la figura política preponderante mediante la cual
determinados ordenamientos jurídicos occidentales aplican disposiciones jurídicas
propias de excepción que terminan irradiando a toda la ciudadanía.