Aborto inducido. Un fenómeno cuya significación excede las estrategias de prevención del sistema de salud

La investigación de los eventos de salud-enfermedad vinculados a los derechos sexuales y reproductivos de la población requiere la confluencia de disciplinas del campo biomédico y de las ciencias sociales. En efecto, los problemas vinculados a la salud sexual y reproductiva se expresan en una dimensión biomédica, pero frecuentemente su origen se asienta en el comportamiento humano, dominio de las ciencias sociales, por lo tanto su aporte es fundamental para describir y comprender por una parte la naturaleza, la magnitud, los determinantes y consecuencias del comportamiento reproductivo de las personas y por otra parte las estrategias más apropiadas a implementar en los servicios de salud para la prevención y el tratamiento de los problemas de salud reproductiva. Abordar problemáticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva también nos introduce en el campo de los derechos humanos y de las políticas públicas y programas de salud: La Conferencia de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994, proclama los derechos sexuales y reproductivos de la población, especialmente priorizando la salud de la mujer, su posición y empoderamiento en la sociedad. Se reconocen a las mujeres como sujetos de derechos, con la facultad de exigir a sus gobiernos políticas públicas que garanticen el cuidado efectivo de su salud, les brinden la información adecuada y la garantía del ejercicio de sus derechos, sin discriminación, coerción ni violencia. Incluye a los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos básicos porque contemplan: la realización plena, segura y libre de la vida sexual, con respeto a la dignidad de la persona, la libre opción de la maternidad y la paternidad y el acceso a la planificación familiar voluntaria y responsable. (3) El fenómeno del aborto inducido en condiciones de riesgo se incluye en el campo de los problemas de salud vinculados al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y se constituye en causa fundamental de morbi-mortalidad materna en nuestro país. En los países desarrollados se estima que se producen 3 muertes por aborto en condiciones de riesgo por 100.000 nacidos vivos, mientras que en los países en vías de desarrollo el mismo indicador se eleva a 60 muertes por 100.000 nacidos vivos (4). La muerte no es el único costo que afrontan las mujeres por estos abortos: muchas sobreviven a esta experiencia con serias complicaciones y consecuencias de por vida: problemas de infertilidad, secuelas físicas permanentes y morbilidad crónica. Esta situación nos plantea la necesidad de profundizar el conocimiento en relación a las razones por las que las mujeres continúan ejerciéndola, aún en contextos en donde los servicios de planificación familiar están ampliamente extendidos y en donde además la práctica del aborto es penada por la ley. También nos plantea la necesidad de profundizar el conocimiento en relación al rol de los servicios de salud en el acceso y utilización de métodos anticonceptivos y en la calidad de atención brindada a las mujeres que transitan esta experiencia.